Un médico de atención primaria prescribe de forma sistemática un fármaco concreto tras recibir incentivos indirectos de un laboratorio (financiación de congresos, regalos). La prescripción cumple con la legalidad vigente y no existen denuncias formales.

Un residente plantea si esta conducta puede considerarse aceptable.

¿Cuál es la valoración MÁS adecuada?

Un hospital privado concertado con el sistema público se niega a realizar determinadas prestaciones sanitarias legalmente reconocidas, alegando su ideario institucional. Algunos profesionales del centro no comparten esta postura.

¿Cuál es la afirmación MÁS adecuada?

Un grupo de médicos decide negarse públicamente a realizar una determinada práctica legal, organizando campañas, firmando manifiestos y promoviendo activamente cambios legislativos mediante el incumplimiento colectivo de la norma.

¿Cuál es la mejor interpretación de esta conducta?