Puede ser convocada por el presidente la república previa aprobación de la mayoría simple de cada la cámara de diputados y cámara de senadores, el 33% de los integrantes de cualquier cámara del congreso de la unión, previa aprobación de la mayoría simple de cada la cámara de diputados y cámara de senadores, el 2% de la ciudadanía electoral (nacional o regional).

La Suprema Corte de la Nación resolverá la constitucionalidad de la consulta, y el INE desarrollará las mismas en todo el ámbito organizativo y validatorio, pudiendo ser impugnados los resultados de las mismas. 

Las consultas populares son medios de democracia directa que pueden ser usados por los residentes en México para resolver cualquier conflicto regional o nacional, mediante una convocatoria realizada por el presidente de la república, las cámaras legislativas y la población en los porcientos establecidos en la Constitución. Ellos podrían consultar sobre derechos sociales, culturales y ambientales, más no por los derechos civiles y políticos. Una vez realizado el proceso por el INE, podría ser impugnada la resolución o hacerse vinculante si el 40% de los votantes otorgan un si o un no a los consultado. La suprema corte dará la última resolución sobre tal proceso.

Tendrán carácter vinculante para el ejecutivo y legislativo federal y autoridades competentes si participan el 40% de los electores convocados. Los ddhh, las garantías, la forma de estado y de gobierno, los cargos de elección popular, las elecciones, las obras de infraestructura en ejecución, el sistema financiero, los ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la federación, más la seguridad nacional y la organización y funcionamiento de las fuerzas armadas no pueden ser objeto de consulta.