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El derecho a una buena administración implica
La obligación de las instituciones europeas de disponer de los funcionarios necesarios para tramitar el procedimiento en el plazo establecido
La posibilidad de someter a control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea las decisiones administrativas adoptadas por las instituciones de la Unión Europea
El deber de motivar las decisiones administrativas adoptadas por las instituciones de la Unión Europea
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