Funcionarios de alto nivel, abogados y

magistrados han cobrado millonarias cifras de dinero a alcaldes y gobernadores

a cambio de incidir en decisiones judiciales en la Corte Suprema de Justicia y

en la Fiscalía. Si un fiscal anticorrupción acepta dinero de un gobernador a

cambio de entorpecer un expediente que tiene el mandatario en contra, estaría vulnerándose

el principio constitucional que establece