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La pregunta sobre quién debe proteger los derechos naturales como la libertad, la propiedad y la resistencia a la opresión, encuentra su respuesta principal en la autoridad política organizada, es decir, el Estado. Según la mayoría de las teorías del Derecho Natural moderno, especialmente las de Locke y Rousseau, los individuos abandonan el estado de naturaleza y forman la sociedad civil a través de un Contrato Social con un propósito esencial: asegurar la protección de esos derechos inalienables que son constantemente vulnerados en la anarquía natural. Por lo tanto, el gobierno no es la fuente de estos derechos, sino su garante institucional. La protección, sin embargo, es bilateral: si el Estado, encargado de custodiar la libertad y la propiedad, se convierte en el opresor, el derecho natural a la resistencia a la opresión surge como la última defensa legítima del individuo, permitiendo a la comunidad recuperar su soberanía y reestablecer un poder que sí cumpla con su deber primordial.