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Una mujer de 35 años acude en la semana 24 de embarazo tras la detección de una malformación fetal grave, pero no necesariamente letal. Solicita la interrupción alegando impacto emocional severo. El equipo médico tiene dudas sobre si la patología justifica legalmente la IVE en esta fase avanzada y además manifiestan reparos éticos ante la posibilidad de realizar una inducción fetal con resultado de muerte.