Siempre al Estado, porque la responsabilidad de la correcta incorporación se exige al Reino de España.

Al Estado o a las Comunidades Autónomas en función de quién sea competente en materia de medio ambiente conforme a los arts. 148 y 149 de la Constitución.

Resulta indiferente, correspondiendo al Estado a las Comunidades Autónomas, en función de quién sea el primero en aprobar la ley por la que se traspone.