solo tiene lugar a posteriori, porque el control preventivo de un órgano de la Administración está reservado a su superior jerárquico.

tiene un doble fundamento constitucional: el mandato objetivo del control de legalidad establecido en el art. 106.1 CE y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

es el principio más característico del carácter social del Estado español.