Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída por un tribunal independiente e imparcial.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Toda persona podrá ser desterrada de su país.