Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones.

Desarrollar mecanismos comunitarios o barriales de prevención como alarmas, rondas de vigilancia y adecentamiento de espacios públicos, en conjunto con la Policía Nacional.

Denunciar ante las autoridades competentes, la comisión de actos de violencia de los cuales tengan conocimiento.

Vigilar que, en los reglamentos y prácticas institucionales, las entidades de atención no violen los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.