Los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar el ordenamiento jurídico nacional conforme a las directivas con independencia de que produzcan efecto directo o no.

Solo las directivas que producen efecto directo obligan a los órganos jurisdiccionales nacionales a interpretar el ordenamiento jurídico interno conforme a las directivas.

La interpretación conforme de las directivas procede en todo caso, sin encontrarse limitada por la aplicación de los principios generales del Derecho de la Unión.