Servir de plataforma retórica para imponer visiones sesgadas de la realidad sin escuchar al interlocutor.

Actuar como el camino idóneo para el reconocimiento mutuo del otro y como herramienta fundamental para la búsqueda de consensos.

Reemplazar las funciones de fiscalización penal que corresponden exclusivamente a la Contraloría del Estado.

Consolidar estructuras de exclusión que impidan a las minorías socioculturales acceder a los cargos públicos.