Crowdly
Add to Chrome
Questions Bank (1528860 total)
Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como ingeniera de sistemas, y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista, le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podrán emplear pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. En lo que concierne a la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones aplica a la situación presentada?
En una ciudad los habitantes enfrentan un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes para la cantidad de carros que tienen los habitantes de la ciudad y la oferta de transporte público es limitada y de mala calidad. El gobierno de la ciudad decide que para solucionar el problema de tráfico va a limitar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente, de acuerdo con el último número de la placa. En lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida?
La exclusión social, entendida como una incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo, la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado organizándose en mingas.
Estas protestas se han enfocado principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019 se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.
Los manifestantes también exigían el cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social. Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.
En un Estado Social de Derecho, la garantía y el disfrute de los derechos constituye una condición fundamental para la ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos, el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos plenos.
Más allá de sus reclamos inmediatos, las recientes mingas sugieren que las poblaciones indígenas y rurales en Colombia:
La exclusión social, entendida como una incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo, la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado organizándose en mingas.
Estas protestas se han enfocado principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019 se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.
Los manifestantes también exigían el cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social. Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.
En un Estado Social de Derecho, la garantía y el disfrute de los derechos constituye una condición fundamental para la ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos, el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos plenos.
Los reclamos de las mingas remiten a problemas mayores de la sociedad colombiana, tales como:
La exclusión social, entendida como una incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo, la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado organizándose en mingas.
Estas protestas se han enfocado principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019 se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.
Los manifestantes también exigían el cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social. Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.
En un Estado Social de Derecho, la garantía y el disfrute de los derechos constituye una condición fundamental para la ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos, el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos plenos.
Los reclamos históricos de la minga ponen de manifiesto que:
La exclusión social, entendida como una incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo, la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado organizándose en mingas.
Estas protestas se han enfocado principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019 se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.
Los manifestantes también exigían el cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social. Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.
En un Estado Social de Derecho, la garantía y el disfrute de los derechos constituye una condición fundamental para la ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos, el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos plenos.
Las mingas se han enfocado principalmente en condiciones como:
La exclusión social, entendida como una incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo, la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado organizándose en mingas.
Estas protestas se han enfocado principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019 se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.
Los manifestantes también exigían el cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social. Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.
En un Estado Social de Derecho, la garantía y el disfrute de los derechos constituye una condición fundamental para la ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos, el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos plenos.
Una causa de exclusión social es la:
Una colombiana es devota del islam y todos los días cubre su cabeza con una pañoleta. En una entrevista, después de aprobar con éxito una convocatoria para un cargo en la alcaldía de su ciudad, el funcionario entrevistador le advierte que no puede tomar el trabajo si no acepta llevar la cabeza descubierta en las horas laborales. ¿Tiene razón el funcionario al hacerle a la mujer esta solicitud?
¿Cuál de los siguientes es el organismo encargado de elegir al Contralor General de la República?
En vista de las dificultades para ofrecer educación de calidad a todos los pobladores de un municipio, el secretario de Educación local decretó que el número mínimo de estudiantes en el salón de clases debía pasar de 35 a 50 estudiantes. Según su opinión, la solución “es una situación gana-gana en la que más niños entran en el colegio y los colegios reciben más dinero al aumentar la cantidad de estudiantes atendidos. ¿Cuál de los siguientes elementos se prioriza en la solución del secretario de Educación?