Siempre al Estado, porque la responsabilidad de la correcta incorporación se exige al Reino de España.

Al Estado o a las Comunidades Autónomas en función de quién sea competente en materia de medio ambiente conforme a los arts. 148 y 149 de la Constitución.

Resulta indiferente, correspondiendo al Estado a las Comunidades Autónomas, en función de quién sea el primero en aprobar la ley por la que se traspone.

Inválida, sin que sea necesario que un Tribunal nacional lo declare expresamente.

Inaplicable por parte de los operadores jurídicos (Tribunales y Administración)

Debe seguir aplicándose hasta que sea anulada por un órgano judicial nacional.