Un médico de atención primaria prescribe de forma sistemática un fármaco concreto tras recibir incentivos indirectos de un laboratorio (financiación de congresos, regalos). La prescripción cumple con la legalidad vigente y no existen denuncias formales.

Un residente plantea si esta conducta puede considerarse aceptable.

¿Cuál es la valoración MÁS adecuada?