Un estudio reveló que el 30 % de las

mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio

varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas

para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición

un funcionario del Gobierno señaló que el estudio no era confiable, porque no

consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy

importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Según la información

presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que: