La exclusión social, entendida como una

incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un

problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo,

la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la

estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha

sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado

organizándose en mingas.

Estas protestas se han enfocado

principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la

falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019

se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de

campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos

manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar

subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente

minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas

de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.

Los manifestantes también exigían el

cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras

las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una

mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a

dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su

protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y

atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento

represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre

manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y

heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso

del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también

problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el

aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las

dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social.

Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el

irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la

vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el

desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.

En un Estado Social de Derecho, la

garantía y el disfrute de los derechos constituye una condición fundamental

para la ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos

esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos,

el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos

plenos.

Las mingas se han enfocado

principalmente en condiciones como: