La prohibición de penar meros pensamientos y la

interdicción del derecho penal de autor.

La prohibición de castigar dos veces un mismo hecho y

de atender a la peligrosidad del sujeto.

El principio de intervención mínima y el carácter

fragmentario.

El principio de personalidad de las penas y el principio

de responsabilidad subjetiva merecida.

Formal, estricta, cierta y general.

Previa, escrita, estricta y cierta.

Previa, escrita, cierta y orgánica.

Escrita, general, orgánica y cierta.

Como ley orgánica o ley ordinaria del Parlamento español.

Como ley orgánica, ley ordinaria del Parlamento español o decreto legislativo.

Siempre como ley orgánica.

Como ley orgánica, ley ordinaria del Parlamento español, decreto legislativo o decreto ley.

Se decidirá conjuntamente por el juez y el Ministerio Público (Fiscal).

Se estará siempre a lo que expresamente disponga la ley posterior.

Se determinará por el juez, pero atendiendo siempre a la preferencia del reo, de acuerdo con el principio de definición de los propios intereses vitales.

Se determinará por el juez, pero en caso de duda se consultará al reo.

Las otras tres respuestas son falsas.

Estuvo vigente en el Derecho histórico español, pero no en la actualidad, aunque sirve para delimitar la competencia de los tribunales españoles en algunos delitos afectados por el principio de justicia penal universal.

Se aplica con carácter general en España de acuerdo con el art. 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Se incluyó en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) junto al principio de personalidad activa.

Tiene como única excepción las leyes penales temporales.

No tiene excepciones.

Sólo se aplica respecto de los delitos en los que se acoja de manera expresa.

Tiene como excepción los delitos permanentes y continuados.

Se ha ido ampliando progresivamente en los últimos años tras el caso Pinochet.

Ha sufrido importantes restricciones legales en los últimos años que han estrechado su campo de aplicación.

Es el principio básico en materia de vigencia espacial de la ley penal.

Se contempla en el Código penal como un supuesto específico de aplicación territorial de la ley penal.

Quedaría abierta en todo caso la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo contra A para evaluar su posible responsabilidad administrativa.

Quedaría abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo contra A para evaluar su posible responsabilidad administrativa por ese hecho, pero sólo podría imponerse una sanción pecuniaria.

Quedaría abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo contra A para evaluar su posible responsabilidad administrativa por ese hecho, pero sólo si el fundamento es el mismo que en el juicio penal.

No podría iniciar ningún procedimiento administrativo contra A por ese hecho.

El Derecho penal sólo debería castigar los ataques más graves contra los bienes jurídicos más importantes.

El derecho penal comprende el Derecho de la penas y el de las medidas de seguridad.

El Derecho penal sólo ofrece una protección incompleta a la sociedad.

El Derecho penal es solo una parte del sistema jurídico.

Son admisibles si contienen el núcleo esencial de la prohibición, la materia regulada así lo reclama y la remisión es expresa.

Son admisibles, pero no pueden completarse con legislación de las Comunidades Autónomas.

 Son admisibles en la legislación penal especial, pero nunca en los delitos del Derecho penal nuclear.

Están constitucionalmente prohibidas por vulnerar la reserva de ley.