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Luego de varios episodios de agresión física, una institución privada instaló cámaras de vigilancia en todas las aulas y contrató personal de seguridad. Los directivos afirmaban que la prioridad era garantizar la seguridad y disminuir la violencia. Paralelamente, se redujeron los espacios de diálogo entre docentes y estudiantes, y las tutorías fueron reemplazadas por controles disciplinarios más estrictos.
Aunque las peleas disminuyeron temporalmente, comenzaron a aparecer nuevas formas de violencia: aislamiento social, ciberacoso y rechazo entre compañeros. Los estudiantes manifestaban sentirse vigilados constantemente y describían la escuela como un ambiente “frío” y “desconfiado”. Un grupo de psicólogos educativos sostuvo que la institución estaba confundiendo convivencia escolar con control de conductas.