Puede invocar dicha Directiva ante los órganos jurisdiccionales españoles, que deben aplicarla anulando la detención policial.

Puede invocarla, por establecer una regulación más favorable para sus intereses.

No puede invocarla, al no establecer un derecho directamente reconocido por la Directiva.

En dicho supuesto, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de tutelar dichos derechos solo si el Reglamento confiere tal competencia a esos órganos judiciales.

En dicho supuesto, la tutela de esos derechos corresponde exclusivamente al TJUE

En dicho supuesto, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de tutelar dichos derechos.

La Comisión puede retirar su iniciativa en cualquier momento con anterioridad a que se haya pronunciado el Consejo de la Unión, sin necesidad de motivar su decisión.

La Comisión puede retirar su iniciativa en cualquier momento con anterioridad a que se haya pronunciado el Consejo de la Unión, pero debe motivar suficientemente su decisión.

La Comisión puede retirar en cualquier momento su iniciativa, al determinar el monopolio de la iniciativa legislativa un verdadero derecho de veto.

Sólo resulta de aplicación cuando la Administración nacional se propone adoptar un acto lesivo para una persona si la legislación de la Unión aplicable lo establece  expresamente como requisito formal

Nunca resulta de aplicación cuando es la Administración nacional quien adopta el  acto lesivo para una persona, siendo de aplicación únicamente cuando el acto es dictado por las instituciones europeas.

Sólo resulta de aplicación cuando la Administración nacional se propone adoptar un acto lesivo para una persona, aún cuando la legislación de la Unión aplicable  no lo establezca.

Nunca, porque como derecho fundamental reconocido a nivel europeo, no puede ser desconocido por ningún Estado miembro.

Si, porque el derecho de residencia y libre circulación puede ser limitado por razones de orden público o de seguridad pública, siempre y cuando la decisión resulte  proporcional y se base exclusivamente en la conducta personal del sujeto, que constituya una amenaza real y actual

Sólo si el sujeto es detenido en el momento de la comisión del delito y se le expulsa para ser juzgado en su país.

Sin más limitaciones que dicha limitación no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad)

Siempre y cuando la concreta restricción responda a objetivos de interés general (p.e. proteger las exigencias de confidencialidad o de secreto profesional) que no constituyan una injerencia desproporcionada que afecte al contenido esencial del derecho.

Sin limitaciones, al reconocerse el principio de autonomía de procedimiento de los Estados miembros, a condición, sin embargo, de que esta regulación no sea menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia)

El Estado miembro debe seguir siempre las indicaciones de la Comisión Europea

El Estado miembro  tiene libertad para elegir los medios con los que ejecutará el derecho de la UE, garantizando siempre el principio de efectividad

El Estado miembro debe adoptar el medio de ejecución concreto dispuesto por el acto jurídico de la UE que ejecuta

La obligación de las instituciones europeas de disponer de los funcionarios necesarios para tramitar el procedimiento en el plazo establecido

La posibilidad de someter a control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea las decisiones administrativas adoptadas por las instituciones de la Unión Europea

El deber de motivar las decisiones administrativas adoptadas por las instituciones de la Unión Europea

En todo momento, salvo que la propia institución de la Unión Europea decida otra cosa.

Sólo si no son anulados por el TJUE exclusivamente mediante un recurso de anulación.

Mientras no hayan sido revocados, anulados en el marco de un recurso de anulación o declarados inválidos a raíz de una cuestión prejudicial o de una excepción de ilegalidad.

La Comisión es libre para decidir si el mismo es un Reglamento delegado que completa, modifica o desarrolla el concreto elemento no esencial del acto legislativo previsto en éste.

Debe ser el propio Reglamento (acto legislativo) el que determine el tipo de acto delegado que debe adoptar la Comisión, bien de complemento bien de modificación.