Es un acto normativo vinculante con efectos generales adoptado por delegación, que debe ser aplicada por los órganos judiciales nacionales.

Es una disposición de softlaw europeo que debe debe ser tomada en cuenta por los órganos judiciales nacionales, dado que señalan el modo de aplicación de las normas vinculantes

Puede dictar un acto de ejecución cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución, sin que se pueda modificar o completar el acto legislativo que se ejecuta.

Puede dictar un acto de ejecución cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución, pudiendo modificar o completar el acto legislativo que se ejecuta.

Modificar el contenido de un Reglamento (acto legislativo) ya que se requieren condiciones uniformes de ejecución.

No se pueda establecer una diferencia de trato entre los licitadores de concursos públicos 

Las normas nacionales que regulen la materia puedan adoptar regulaciones diferentes que persigan otros objetivos.

Las normas nacionales no puedan ir más allá de lo previsto en la norma europea para alcanzar los objetivos previstos en la misma.

Si una institución de la Unión Europea que tiene reconocida una facultad discrecional adopta una normativa concretando como procederá a su ejercicio y la publica, no por ello se encuentra vinculada, ya que se trata de una facultad discrecional.

Si una institución de la Unión Europea que tiene reconocida una facultad discrecional adopta una normativa concretando como procederá a su ejercicio y la publica, solo estará vinculada si en la publicación expresamente señala tal circunstancia.

Si una institución de la Unión Europea que tiene reconocida una facultad discrecional adopta una normativa concretando como procederá a su ejercicio y la publica, no puede apartarse de la misma.

Debe partirse de la interpretación emanada de las Constitucionales nacionales, dado que los Tratados de la Unión son acuerdo internacionales.

Al constituir un derecho autónomo debe partirse de su tenor literal y del resto del ordenamiento de la Unión Europea.

Deba partirse de la interpretación de las Constitucionales nacionales, al ser los Estados miembros quienes han constituido la Unión Europea