Debe inaplicar la norma nacional, aunque sea una norma con rango de Ley.

Debe plantear en todo caso una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al ostentar éste el monopolio del control sobre Leyes.

Debe aplicar el derecho nacional en todo caso, por imposición del art. 9 de la Constitución española.

Inválida, sin que sea necesario que un Tribunal nacional lo declare expresamente.

Inaplicable por parte de los operadores jurídicos (Tribunales y Administración)

Debe seguir aplicándose hasta que sea anulada por un órgano judicial nacional.