Por el propio Consejo (formación de Asuntos exteriores), ya que es una función propia de la fijación de las líneas políticas de la Unión.

Por el sujeto que determine el Consejo, en cuanto órgano que debe autorizar las negociaciones del Tratado desarrolladas posteriormente por la Comisión Europea.

Alterar dichas reglas imponiendo el consenso en una materia determinada, con independencia de los dispuesto en los Tratados.

No puede alterar el monopolio de la iniciativa legislativa que conforme a los Tratados corresponde a la Comisión.

Alterar las reglas de votación y mayorías y el procedimiento legislativo establecidas por los Tratados para imponer a la Comisión que proponga una Decisión en materia de reparto de refugiados entre los EEMM sólo si existe consenso y unanimidad entre éstos.

Se realice un nuevo trámite para que el Comité Económico y Social Europeo emita su Dictamen.

Solo debe emitirse un nuevo Informe del Comité Económico y Social Europeo si el cambio es sustancial.

No exige un nuevo trámite ante el Consejo Económico y Social Europeo, ya que éste órgano no goza de legitimación democrática directa.

Vulnera el principio de subsidiaridad, al evitar que cada Estado miembro regule dicha materia.

No vulnera el principio de subsidiaridad, ya que el objetivo de controlar y limitar su uso para garantizar la salud de las personas se consigue mejora nivel de toda la Unión Europea.

La selección de la base jurídica (identificando la competencia material de la Unión Europea y fijando el procedimiento para su aprobación) debe realizarse a la luz de los objetivos perseguidos y del contenido de la norma adoptada

Si no se señala expresamente la base jurídica, resulta nula de pleno derecho, como consecuencia del principio de atribución y de la necesidad de motivación que permita su control por el TJUE

La selección de la base jurídica (y del procedimiento para su aprobación) puede realizarse libremente por el Consejo

La regulación del procedimiento de elección al Parlamento europeo se regula por un reglamento europeo, adquiriendo la condición de parlamentario una vez se valida la elección por el propio Parlamento europeo.

La regulación del procedimiento electoral al Parlamento europeo corresponde a cada Estado miembro, pero la determinación de la proclamación oficial corresponde al propio Parlamento europeo.

Cada Estado miembro es competente para regular el procedimiento electoral y para proceder posteriormente a la proclamación oficial de los resultados electorales, adquiriendo en ese momento la condición de parlamentario europeo.

El órgano judicial que resuelva un recurso frente a la decisión inicial de desestimar la responsabilidad patrimonial del Estado miembro por incumplimiento del Derecho de la Unión pueda ser el mismo órgano judicial, siempre que los concretos miembros que integran la sala sean distintos.

El órgano judicial que resuelva un recurso frente a la decisión inicial de desestimar la responsabilidad patrimonial del Estado miembro por incumplimiento del Derecho de la Unión deba ser un órgano jurisdiccional distinto.

El órgano judicial que resuelva un recurso frente a la decisión inicial de desestimar la responsabilidad patrimonial del Estado miembro por incumplimiento del Derecho de la Unión puede ser el mismo órgano judicial y conformado por los mismos jueces, al primar la presunción de su imparcialidad y objetividad.

Los nuevos Estados miembros deben disponer de un derecho a recurrir ante el TJUE frente a todos los actos que se adopten sobre la base del concreto Tratado de adhesión como medidas transitorias y les afectan en su condición de Estados miembros, salvo que el plazo de 2 meses para su recurso haya expirado en el momento en adquieren efectivamente la condición Estados miembros.

Los nuevos Estados miembros deben disponer de un derecho a recurrir ante el TJUE frente a todos los actos que se adopten sobre la base del concreto Tratado de adhesión como medidas transitorias y les afectan en su condición de Estados miembros, en el plazo de 2 meses desde que adquieren efectivamente la condición Estados miembros, aun cuando dicho acto haya sido adoptado con anterioridad a ese plazo.

Los nuevos Estados miembros no pueden recurrir  ante el TJUE frente a todos los actos que se adopten sobre la base del concreto Tratado de adhesión como medidas transitorias y les afectan en su condición de Estados miembros, si los mismos han sido adoptados con anterioridad a que adquieran efectivamente la condición de Estados miembros.

Debe inaplicar la norma nacional, aunque sea una norma con rango de Ley.

Debe plantear en todo caso una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al ostentar éste el monopolio del control sobre Leyes.

Debe aplicar el derecho nacional en todo caso, por imposición del art. 9 de la Constitución española.