solo está regulado por las ordenanzas locales de algunos municipios.

es una técnica característica de la Administración de intervención o policía.

es una de las técnicas características de la Administración de prestación o servicios, junto con la actividad material de la Administración.

pueden exigirse por la comunidad autónoma, pero no directamente por los vecinos.

dependen del número de habitantes de cada municipio.

son los mismos que están reservados al municipio y que no pueden prestar los particulares.

de Argentaria fue un caso típico de privatización organizativa.

de Correos y Telégrafos fue un típico caso de organización patrimonial.

de la prestación del servicio de telefonía fue un típico caso de privatización de una actividad hasta entonces reservada.

solo tiene lugar a posteriori, porque el control preventivo de un órgano de la Administración está reservado a su superior jerárquico.

tiene un doble fundamento constitucional: el mandato objetivo del control de legalidad establecido en el art. 106.1 CE y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

es el principio más característico del carácter social del Estado español.

es el órgano competente para ejercer indirectamente la mayor parte de las funciones administrativas reguladas por el Derecho de la Unión Europea.

es el órgano que la Constitución sitúa en la cúspide de la estructura jerárquica de la Administración estatal.

dirige la Administración estatal pero no es Administración, aunque las leyes le atribuyen algunas funciones administrativas.

se desarrollan excepcionalmente por las Administraciones de los Estados miembros.

se desarrollan, como regla general, por la Comisión, en los supuestos excepcionales de la ejecución directa del DUE por la propia Administración de la Unión.

se desarrollan, como regla general, por órganos administrativos de la Unión Europea.

no tienen atribuido ningún tipo de control preventivo sobre la actuación de la Administración.

no pueden declarar la nulidad de un acto administrativo por ser contrario a un reglamento, sino solo por ser contrario a la ley.

no pueden controlar la oportunidad sino solo la legalidad de la actuación administrativa.

están exentos de cualquier control judicial, porque cuentan con una legitimidad democrática de segundo grado.

están sometidos al control judicial, por ejemplo, en cuanto a sus elementos reglados.

no pueden anularse por el Tribunal Supremo, pero este órgano judicial sí puede fijar indemnizaciones en favor de particulares cuando la decisión del Gobierno les ha causado daños.