Para solucionar los problemas de basuras

de la capital del departamento, se decidió construir un relleno sanitario en un

lote de otro municipio cercano, al cual se le compensaría económicamente por

prestar este servicio a la capital. Según el Gobierno departamental, la

escogencia del lote se hizo en conjunto con las autoridades ambientales y con

la alcaldía del municipio. El proyecto del relleno sanitario cuenta con todas las

licencias ambientales requeridas y su construcción es necesaria para la

salubridad de la capital. En una consulta popular, los habitantes del municipio

cercano votaron 96 % en contra de la construcción del relleno, porque

consideran que este es una amenaza para la salud de la población y del

ecosistema; además, disminuiría el valor de la tierra circundante.

En esta situación, ¿cuáles de los

siguientes aspectos están en conflicto?

Durante las épocas de lluvias, en muchas

zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos de

acceso a éstas.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la

Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera

el derecho a la educación?

Los pilotos de una compañía aérea están

inconformes con su situación laboral. Argumentan que la responsabilidad que

implica su trabajo no se tiene en cuenta a la hora de definir los aumentos

salariales, que durante los últimos años se han hecho de acuerdo con la

inflación. Como respuesta, la compañía propone un esquema de compensación

salarial de acuerdo con el desempeño individual de cada piloto, determinado por

la cantidad de combustible que le ahorra a la empresa y la reducción de tiempo

de cada vuelo. ¿Cuál de las siguientes puede ser la respuesta de los pilotos a

la propuesta de la compañía?

Para atender a todos los niños en edad

escolar que no están recibiendo educación, la Secretaría de Educación de un

municipio decide ordenarles a los colegios públicos que aumenten a 50 la

cantidad de estudiantes en cada salón. ¿Cuál de las siguientes es una probable

consecuencia no deseada de esta medida?

La entrada a un museo de la ciudad no

tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad

hay una reducción de la tarifa a la mitad. La diferencia en la tarifa es:

Cuando Rosa estaba terminando su

formación profesional sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la

obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años, se graduó como

ingeniera de sistemas, y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una

empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a

una entrevista. Durante la entrevista, le dijeron a Rosa que desafortunadamente

no la podrán emplear pues la empresa se vería obligada a adaptar su

infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. En lo que concierne

a la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones aplica a la situación

presentada?

En una ciudad los habitantes enfrentan

un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes para la cantidad de

carros que tienen los habitantes de la ciudad y la oferta de transporte público

es limitada y de mala calidad. El gobierno de la ciudad decide que para

solucionar el problema de tráfico va a limitar la cantidad de carros

particulares que pueden circular diariamente, de acuerdo con el último número

de la placa. En lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos

no deseados podría traer la medida?

La exclusión social, entendida como una

incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un

problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo,

la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la

estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha

sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado

organizándose en mingas.

Estas protestas se han enfocado

principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la

falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019

se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de

campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos

manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar

subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente

minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas

de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.

Los manifestantes también exigían el

cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras

las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una

mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a

dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su

protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y

atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento

represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre

manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y

heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso

del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también

problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el

aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las

dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social.

Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el

irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la

vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el

desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.

En un Estado Social de Derecho, la garantía y el

disfrute de los derechos constituye una condición fundamental para la

ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos

esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos,

el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos

plenos.

Más allá de sus reclamos inmediatos, las

recientes mingas sugieren que las poblaciones indígenas y rurales en Colombia:

La exclusión social, entendida como una

incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un

problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo,

la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la

estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha

sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado

organizándose en mingas.

Estas protestas se han enfocado

principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la

falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019

se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de

campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos

manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar

subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente

minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas

de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.

Los manifestantes también exigían el

cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras

las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una

mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a

dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su

protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y

atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento

represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre

manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y

heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso

del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también

problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el

aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las

dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social.

Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el

irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la

vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el

desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.

En un Estado Social de Derecho, la garantía y el

disfrute de los derechos constituye una condición fundamental para la

ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos

esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos,

el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos

plenos.

Los reclamos de las mingas remiten a

problemas mayores de la sociedad colombiana, tales como:

La exclusión social, entendida como una

incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un

problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo,

la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la

estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha

sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado

organizándose en mingas.

Estas protestas se han enfocado

principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la

falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019

se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de

campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos

manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar

subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente

minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas

de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.

Los manifestantes también exigían el

cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras

las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una

mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a

dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su

protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y

atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento

represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre

manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y

heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso

del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también

problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el

aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las

dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social.

Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el

irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la

vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el

desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.

En un Estado Social de Derecho, la garantía y el

disfrute de los derechos constituye una condición fundamental para la

ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos

esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos,

el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos

plenos.

Los reclamos históricos de la minga

ponen de manifiesto que: