La exclusión social, entendida como una

incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un

problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo,

la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la

estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha

sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado

organizándose en mingas.

Estas protestas se han enfocado

principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la

falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019

se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de

campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos

manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar

subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente

minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas

de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.

Los manifestantes también exigían el

cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras

las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una

mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a

dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su

protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y

atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento

represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre

manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y

heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso

del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también

problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el

aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las

dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social.

Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el

irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la

vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el

desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.

En un Estado Social de Derecho, la

garantía y el disfrute de los derechos constituye una condición fundamental

para la ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos

esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos,

el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos

plenos.

Las mingas se han enfocado

principalmente en condiciones como:

La exclusión social, entendida como una

incapacidad para participar plenamente de la sociedad en la que se vive, es un

problema multicausal. Sus causas incluyen entre otras la pobreza, el desempleo,

la segregación socio-espacial, el no reconocimiento de derechos y la

estigmatización social. Históricamente, la población indígena colombiana ha

sido objeto de múltiples formas de exclusión, contra las que ha protestado

organizándose en mingas.

Estas protestas se han enfocado

principalmente en condiciones de exclusión tales como la miseria rural, la

falta de tierras productivas y una escasa inversión social. Entre 2005 y 2019

se han realizado al menos cuatro mingas, con el respaldo adicional de

campesinos y afros. Estas protestas también han permitido a estos grupos

manifestarse contra la violencia de grupos armados ilegales, así como reclamar

subsidios y mejoras en la cobertura de servicios públicos. En la más reciente

minga, ocurrida en 2019, más de 20 mil manifestantes exigieron 49 mil hectáreas

de tierras más una asignación presupuestal de 4,6 billones de pesos.

Los manifestantes también exigían el

cumplimiento de varios compromisos pactados con los gobiernos anteriores tras

las mingas de 2005, 2007 y 2014. El Estado ha respondido a las mingas con una

mezcla de apatía y represión. El gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a

dialogar con los manifestantes, ha desoído sus reclamos y ha deslegitimado su

protesta. Igualmente, con el argumento de que las mingas generan desórdenes y

atentados contra el orden público, el gobierno ha dado a las mingas un tratamiento

represivo y criminalizante, lo que ha generado graves enfrentamientos entre

manifestantes y fuerza pública, usualmente con un lamentable saldo de muertos y

heridos. Lo sucedido con estas mingas refleja no sólo la falta de compromiso

del Estado frente a las poblaciones indígenas y rurales del país, sino también

problemas históricos tales como la pobreza rural, el conflicto armado, el

aislamiento y atraso económico del campo con respecto a la ciudad, las

dificultades de acceso a la tierra y la criminalización de la protesta social.

Pero las mingas también revelan inconvenientes más serios, relacionados con el

irrespeto de garantías constitucionales básicas para los indígenas, la

vulneración de derechos fundamentales, sociales y colectivos, y el

desconocimiento de indígenas, afros y campesinos como ciudadanos plenos.

En un Estado Social de Derecho, la

garantía y el disfrute de los derechos constituye una condición fundamental

para la ciudadanía. Lo que muestran las mingas es que, a pesar de los repetidos

esfuerzos de estos grupos sociales por organizarse y 4 reclamar sus derechos,

el Estado ha mostrado una resistencia histórica a reconocerlos como ciudadanos

plenos.

Una causa de exclusión social es la:

Una colombiana es devota del islam y

todos los días cubre su cabeza con una pañoleta. En una entrevista, después de

aprobar con éxito una convocatoria para un cargo en la alcaldía de su ciudad,

el funcionario entrevistador le advierte que no puede tomar el trabajo si no

acepta llevar la cabeza descubierta en las horas laborales. ¿Tiene

razón el funcionario al hacerle a la mujer esta solicitud?

¿Cuál de los siguientes es el organismo

encargado de elegir al Contralor General de la República?

En vista de las dificultades para

ofrecer educación de calidad a todos los pobladores de un municipio, el

secretario de Educación local decretó que el número mínimo de estudiantes en el

salón de clases debía pasar de 35 a 50 estudiantes. Según su opinión, la

solución “es una situación gana-gana en la que más niños entran en el colegio y

los colegios reciben más dinero al aumentar la cantidad de estudiantes

atendidos. ¿Cuál de los siguientes elementos se prioriza en la solución del

secretario de Educación?

Colombia, por ser un Estado social de

derecho constitucional, se caracteriza por su división y control recíproco

entre los poderes públicos. ¿Cuál de las siguientes decisiones sería una acción

en contra del principio de equilibrio de poderes y por qué?

Una comunidad indígena ha preservado su

cultura durante los últimos siglos. En donde viven no hay escuelas, carreteras

ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Un grupo de sacerdotes

católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños

indígenas. Un grupo de antropólogos se opone y les pide que no intervengan en

esa comunidad. En este caso se presenta un conflicto, porque:

El Fondo Monetario Internacional (FMI)

enfatizó que en América Latina se evidencian altas tasas de participación

laboral y resaltó la necesidad de una mayor innovación tecnológica como

principal reto para el desarrollo económico. En respuesta a estas afirmaciones,

una analista económica sostuvo que “el verdadero problema en esta región es que

el 50 % de las mujeres en edad de trabajar, en promedio más educadas que los

hombres, se dedican a la economía del cuidado, es decir, a la atención del

hogar, sin ningún tipo de salario o reconocimiento económico ni social”. 

En

relación con lo anterior, se podría afirmar que el argumento de la analista

económica es válido para:

Entre el 2007 y 2008, la Corte

Constitucional extendió a parejas homosexuales los beneficios del régimen

contributivo de salud y del derecho a la pensión de sobrevivientes. ¿Cuál de

los siguientes argumentos respalda esta decisión de la Corte?

Los autores de un tiroteo fueron

identificados como tres personas que dedicaban largas horas de sus días a jugar

videojuegos de acción y violencia. Como consecuencia de esto, se prohibió la

comercialización de todo videojuego de carácter violento como medida de

prevención para este tipo de atentados. Sobre la justificación de esta

propuesta, se puede afirmar que realiza: